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El pasado 20 de marzo, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer, a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, un estudio donde admite que el herbicida glifosato es cancerígeno: “Causó daño al ADN y a los cromosomas en las células humanas analizadas”, señala el documento. Ya lo sabíamos. Para quienes nos importan los temas ambientales el comunicado del organismo internacional no es una noticia sino una confirmación. Confirma las denuncias silenciadas de los pueblos fumigados y de científicos independientes. Confirma las incansables denuncias de Andrés Carrasco y Sofía Gatica.  La utilización de glifosato está aprobada sobre 750 productos destinados a la agricultura, plantaciones forestales y ambientes urbanos, lo que lo convierte en el herbicida más empleado a nivel mundial. Es comercializado hace más de 20 años por la multinacional Monsanto bajo la marca Roundup y su uso se incrementó significativamente a raíz del desarrollo de variedades de cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. En Argentina también está permitido su uso en yerba mate, vid, trigo, girasol, hortalizas, pasturas, plantaciones de cítricos y frutales. Los campos son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. De acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato fue categorizado dentro del grupo 2A, la segunda categoría en peligrosidad de las cinco que clasifica el organismo. En nuestro país se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, volcando a los suelos más de 300 millones de litros de glifosato cada año. El agroquímico se detecta en el aire durante la pulverización de los cultivos en los que es utilizado, así como también, en el agua y en los alimentos. En consecuencia, las personas que trabajan o viven en zonas aledañas y quienes consumen alimentos que fueron rociados, están expuestas a sus efectos. Los efectos crónicos vinculados al glifosato y sus productos derivados pueden ser clasificados en las siguientes categorías: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos vinculados al uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes. Asimismo, varios defectos congénitos experimentados por mujeres en Argentina y Paraguay pueden ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz genéticamente modificados. Otros estudios han demostrado el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina. Atacar y descalificar la ciencia La empresa Monsanto, como nos cuenta el Periodista Darío Aranda, siempre defendió su agroquímico en base a la clasificación de la OMS. Pero ayer cambió de opinión: “La IARC ha estado bajo críticas tanto por su proceso como el sesgo que ha demostrado”. La compañía acusó a la agencia de la OMS de que su conclusión no es exhaustiva, la considera “sesgada” y la acusa de no basarse en “ciencia de calidad”. Advirtió que ya entró en contacto con la OMS para solicitar una revisión del trabajo. El comunicado de la mayor corporación del agro mundial sostiene que la clasificación OMS “no se apoya en datos científicos”. Alcanza con ver el documento oficial de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer –IARC– para contabilizar al menos 16 trabajos científicos que confirman los efectos de los agroquímicos. Se citan investigaciones desde 1985 hasta 2015. No figuran los trabajos de David Saltamiras ni de Gary Williams, dos científicos que suelen atacar todo argumento académico contrario a los transgénicos y a los agroquímicos. No es casual: Saltamiras y Williams son empleados de Monsanto y por eso sus trabajos no figuran en la evaluación de la OMS. Monsanto fue la creadora y mayor comercializadora de glifosato. En el 2000 venció su licencia, lo que abrió pasó a que otras empresas lo produzcan. En Argentina producen el herbicida las compañías Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF, Nidera, Nufarm, Red Surcos, Vicentín y Sigma Agro, entre otras. En este contexto, el amparo es un recurso eficaz para que no fumiguen el lugar donde vivís. Es sabido que la soja, sin rotación, genera desiertos a mediano plazo. Y en lo inmediato, los riesgos del mal manejo de agroquímicos. "Frente a la falta de controles por las autoridades, los jueces han puesto un freno a estas prácticas estableciendo que solo se puede hacer actividad agrícola y fumigar a un mínimo de 1.000 metros de distancia de una zona poblada", señala Sergio Mohadebel, abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué dicen los especialistas? Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, habló con la Periodista Laura Rocha, acerca del comunicado de la Organización Mundial de la Salud. En relación a las categorías que establece el estudio publicado por IARC, el médico explicó: “En la categoría 1 es donde hay información concluyente de que producen cáncer. Allí está la radiación nuclear y otras sustancias como el asbesto, digamos, o el cigarrillo. Con la segunda categoría, la 2A -que desde ahora incluye al glifosato-, se clasifica a las sustancias sobre las que hay pruebas, por eso se dice que es probable porque la probabilidad está en función de que hay pruebas concretas de que las poblaciones expuestas al glifosato tienen más número de cáncer. Y la tercera (2B) es la que establece que hay posibilidades, porque aunque la información todavía es escasa, la disponible indica que habría un vínculo entre estas sustancias y el cáncer, entonces se dice que es posible. La última categoría, la 4, es que no hay vínculo con el cáncer”. Por otra parte, en comunicación telefónica con el Periodista Sergio Elguezábal para su programa de radio, la doctora Carla Perrota, de UNICEF Argentina, sostuvo: “Desde el Estado la tarea que les toca es monitorear la salud de los pobladores tanto como la salud de los trabajadores y el monitoreo del suelo y el agua de manera independiente, esto quiere decir que no lo puede hacer la misma industria que está tratando de defender estos productos. Ya hay grupos estudiando estos temas en el país pero quizás –siendo que el nuestro es un país en el que vivimos de esto– no con la fuerza y los recursos que se requieren. Desde el Estado hay que hacer cumplir la ley, y tenemos que conocer si hay pueblos o zonas preocupadas para poder objetivar y atender esas preocupaciones, hay estudios que se pueden hacer, que no son caros, para monitorear la salud de la población que está expuesta a estas sustancias. Como país tenemos mucho trabajo por hacer”. Podés « leer acá » el comunicado oficial de la OMS-IARC Lectura Recomendada: Daño Genético y Glifosato TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR » |
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